Denunciaron en EE.UU. un supuesto pedido de coima de US$ 6,5 millones por contratos de pesca en Chubut

En pocas semanas ocurrió todo. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, rescindió el contrato con la firma pesquera Red Chamber, que opera en la provincia desde 2014. A finales de septiembre, se radicó una denuncia en la justicia norteamericana por violación de aspectos contractuales, pero también por presuntos hechos de corrupción. Después de eso, se firmó un acuerdo con la compañía. Sumado a eso, la administración provincial envió dos permisos para ser analizados por la Legislatura, pero este lunes se retractó de esa decisión. El curioso zigzagueo del gobierno y el conflicto con Red Chamber tienen en vilo al sector pesquero de Chubut, mientras en los tribunales estadounidenses se menciona una supuesta coima de 6,5 millones de dólares.

La Argentina cuenta con una extensión marítima de unos 4.500 km, distribuidos en cinco provincias: Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Para ellas, la pesca constituye una actividad clave que se traduce en la fuente laboral de miles de personas, y motoriza el desarrollo económico regional.

En la escala nacional, Chubut es la segunda provincia que alberga los principales puertos pesqueros. Un informe sectorial confeccionado por la Asociación para el Desarrollo de la Pesca Argentina (ADPA) con contribuciones de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), sostiene que en la región patagónica la pesca tiene un peso económico considerable: representa cerca del 9 % del valor total regional exportado en 2024. Además, concentró el 47,5 % del total exportado por el complejo pesquero nacional, por un valor de 953 millones de dólares. En términos provinciales, para Chubut el rubro de pescados y mariscos sin elaborar representó el 18,8% de las exportaciones provinciales del 2024.

En ese contexto se enmarca el escándalo que involucra a una de las empresas del sector y a la gobernación provincial.

Red Chamber Argentina es una de las compañías que integran Red Chamber Co, un grupo fundado en California y que es uno de los líderes en la industria pesquera mundial. La compañía se especializa en el abastecimiento de productos de mar, y desde 2015 tiene su propia planta procesadora en la Patagonia.

Los productos comercializados son capturados con embarcaciones que pertenecen a Red Chamber Argentina y están radicados en Chubut, desde que se hicieron cargo de la explotación que realizaba la firma Alpesca, expropiada por el gobierno de la provincia en 2014.

Según explicaron fuentes del sector a Clarín, durante una década Red Chamber “tuvo un contrato para usufructuar los bienes de esa empresa con permisos de pesca, y el gobierno del gobernador Torres rescindió ese contrato por incumplimientos contractuales”.

Desde la firma pesquera rechazaron la decisión, bajo el argumento de que reflejaba “inseguridad jurídica” en el desarrollo de sus negocios. “La decisión carece de sustento jurídico, no fue precedida por licitación ni procedimiento administrativo alguno y resulta contraria a las cláusulas vigentes”, manifestó el CEO Marcelo Mou, y detalló que Red Chamber había invertido más de 70 millones de dólares en una década.

La situación escaló a tal nivel que Mou elevó un dossier a la Embajada de Estados Unidos y al Departamento de Estado, en Washington. En el documento se detallaban la generación de 500 empleos directos en Puerto Madryn, la construcción de un muelle de descarga de langostino en Rawson, la recuperación de dos buques (Cabo Vírgenes y Promarsa I) y la construcción de otro en 2023 (Patagonia Queen), además de 250.000 toneladas de pescado exportadas a Estados Unidos y más de 30 países.

Por esos motivos, puntualizaba el dossier, para Red Chamber la rescisión del contrato “genera un grave mensaje disuasivo para la inversión extranjera”. Pese a ello, la provincia ratificó que había procedido según sus potestades normativas como dueña de los recursos y responsable de su correcta administración.

De hecho, el 8 de septiembre la Secretaría de Pesca de Chubut, a cargo de Andrés Arbeletche, informó a Red Chamber que rechazaba los planteos con los que la firma se oponía a la decisión del gobierno. “Se les hace saber que deberán reintegrar todos los bienes de Alpesca S.A. y AP Holding S.A. a la Provincia del Chubut (Comité d e Administración de Alpesca) en un plazo no mayor al 30 de septiembre de 2025, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales pertinentes”, sostiene la nota a la que accedió este medio.

En otro tramo de su comunicación, la autoridad pesquera expresó: “Requerimos presten la cooperación necesaria para efectuar un traspaso de los bienes de Alpesca S.A. y AP Holding S.A. a quien resultará nueva arrendataria y una transición del personal de manera ordenada. A tales efectos, se requiere brinden acceso a los datos laborales del personal a fin de garantizar el pago dee los haberes por parte de la futura arrendataria”.

Bajo esos términos, la provincia requirió que se efectúe a la “máxima brevedad un inventario de bienes muebles pertenecientes a Red Chamber Argentina que se encuentren dentro de la planta de Alpesca, el cual será cotejado por el Comité de Administración de Alpesca a los fines de garantizar su retiro por parte de Red Chamber”.

La firma desalojada presentó el caso ante las autoridades de la embajada y anticipó acciones administrativas y judiciales para revertir la decisión del gobernador Torres.

¿Coimas para obtener contratos de pesca?

Pero la historia no terminó ahí. El 30 de septiembre, y en 34 páginas de un documento al que accedió Clarín, Red Chamber accionó civilmente contra la multinacional pesquera Profand, a la que la administración de Ignacio Torres le adjudicó los bienes y derechos de la ex Alpesca, y en el texto se hace referencia al gobierno de Chubut y presuntos hechos de corrupción.

La denuncia se estructura en cinco puntos: la violación a la Ley de Secretos Comerciales, violación a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, Interferencia internacional con Contrato y Conspiración para interferir en el mismo, Interferencia intencional con ventaja económica futura y conspiración para interferir con ventaja económica futura e Interferencia negligente con ventaja económica futura.

Dato importante: todas las empresas de Estados Unidos están obligadas por esas leyes. Como filial de una firma de ese país, Red Chamber Argentina también. Por esos sus abogados denunciaron el supuesto pedido de coimas y, aunque no lo afirman, dejan flotando la posibilidad de que su competidora Profand, haya tenido un pedido similar.

La demanda se presentó ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Central de California, con sede en Los Ángeles, y en ella se habla de un presunto pedido de coimas por parte del gobernador Ignacio Torres y de su ministro de Economía, Andrés Meiszner, para revertir el procesos de rescisión de contrato.

El texto judicializado y presentado en función de los términos de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), se refiere a los supuestos delitos de extorsión, conspiración criminal y soborno internacional. El concurso de estos delitos para la ley estadounidense, representan una pena de hasta veinte años de prisión.

Entre la prueba citada, se mencionan correos electrónicos y comunicaciones internas.

Desmentida frontal del gobierno de Chubut

Ante la trascendencia de las acusaciones, el gobierno de Chubut desmintió cualquier comportamiento ilícito vinculado a la denuncia presentada por el estudio norteamericano Tucker Ellis LLP. En el texto se habla de un soborno requerido que ascendería a 6,5 millones de dólares.

¿Qué dice la denuncia? Que mientras faltaba la respuesta al rechazo de Red Chamber a la baja de su contrato, “se solicitó el uso de ‘B-Money’ —un pago privado, no rastreable y no registrado—, lo cual es contrario a lo aceptable según las leyes estadounidenses de ética e integridad, pero que se ha tolerado en otros países. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. establece sanciones penales para cualquier empresa estadounidense que realice dichos pagos para obtener o conservar un contrato”. Es allí donde se consigna la cifra de 6,5 millones de dólares.

Clarín se comunicó con Red Chamber y desde la compañía indicaron: “Existe una demanda en Estados Unidos contra Profand, que es la empresa que se quedó con la ex Alpesca”. Ante la consulta de este medio respecto a si sostienen las acusaciones contra el gobernador chubutense y el presunto pedido de soborno, señalaron que “no nos corresponde atribuir. Nuestro foco sigue puesto en trabajar e invertir en Argentina”.

El secretario de Pesca de la provincia, Andrés Arbeletche, respondió a este diario: “En dicha demanda se hacen toda una serie de afirmaciones falaces para posicionarse contra Profand, de la cual ni el Gobierno del Chubut ni sus funcionarios son parte. El relato de la demanda varía desde espionaje comercial hasta violación a la ley de financiamiento al terrorismo, todo lo cual demuestra la liviandad y falsedad del relato“.

El ministro de Economía de Chubut y fiscal de Estado de la provincia, Andrés Meiszner -uno de los mencionados en la denuncia judicial de Red Chamber- también respondió a Clarín: “mi actuación como Fiscal de Estado se limitó a la defensa de los intereses patrimoniales de Chubut. En este caso analicé los posicionamientos legales y la diferencia de criterios sobre las inversiones realizadas y no realizadas por Red Chamber Argentina, versus el pago del canon locativo mensual que la Empresa debía abonar, pero que sistemáticamente no lo realizó durante años. Ese fue el motivo del conflicto: en no pago del canon, la falta de inversiones comprometidas y la posible compensación de las acreencias.”

Meiszner aclara que “la empresa no accionó penalmente contra el Gobierno ni ningún funcionario de Chubut, ni en argentina ni en el exterior.” Para el funcionario, la demanda civil de la Red Chamber contra Profand -de la que la provincia no participa ni participará- “son diferendos entre privados. Quien habría sido la supuesta víctima del episodio, no sólo omitió denunciarlo ante la justicia argentina, sino que tampoco integra desde hace semanas el elenco directivo de Red Chamber Argentina, por decisión de la propia empresa. Seguramente por las falsas denuncias y manifestaciones relatadas en la causa que la empresa tramita contra Profand en los EEUU fue excluido de las negociaciones, que finalizarán en el nuevo Acuerdo entre Red Chamber y la Provincia del Chubut.

Efectivamente, días después de que se haya conocido la existencia de la demanda radicada ante la justicia norteamericana, el 1 de noviembre el Gobierno de Chubut anunció un acuerdo de conciliación con Red Chamber Co., que habilita a la empresa a retener ciertos activos y construir una nueva planta industrial en la Zona Franca de Trelew.

El acuerdo también compromete a la provincia a garantizar un marco legal estable bajo la protección del Tratado Bilateral de Inversión entre Argentina y Estados Unidos.

“El hecho de que Red Chamber haya manifestado públicamente y acordado permanecer en Chubut contradice los dichos de quien hizo esa presentación y luego fue separado del directorio de la empresa“, indicó a este medio el Secretario de Pesca provincial.

Meiszner también coincidió: “el convenio que se está negociando está vigente y en vías de homologación judicial acuerda una serie de inversiones por parte de la empresa y reconocimiento y compensaciones por el acuerdo vencido, dando vida a una nueva relación institucional y convencional entre las partes, desistiendo de los reclamos mutuos efectuados entre las mismas”.

Frente a lo que parecía una repentina solución del conflicto, sorprendió el rechazo de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cámara de Flota Amarilla de Chubut (CAFACH), la Cámara del Golfo y la empresa Conarpesa, tres pilares fundamentales de la industria pesquera de Chubut.

“El motivo de esta presentación conjunta es manifestar nuestra extrema preocupación ante los recientes trascendidos e informaciones periodísticas que señalan la intención de su Gobierno de otorgar nuevos permisos de pesca a la empresa Red Chamber Argentina. Lo más alarmante es que la concreción de estos permisos se estaría buscando mediante vías institucionales excepcionales, ya sea a través de una ley tramitada en la Honorable Legislatura Provincial o mediante la emisión de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), haciendo uso de las facultades que le confiere el Artículo 156 de la Constitución Provincial del Chubut”, denunciaron en un comunicado.

Las cámaras pesqueras solicitaron que se respeten las vías institucionales para el otorgamiento de permisos, es decir aquellas de carácter “técnico y administrativo apropiado para cualquier decisión que afecte a un sector que está atravesando la peor crisis de los últimos años”.

Entonces ocurrió otro volantazo: este lunes, el gobierno de Ignacio Torres retiró de la Legislatura el proyecto que buscaba ampliar los permisos de pesca, de 40 a 42. La medida se adoptó después del reclamo del sector pesquero y los riesgos que implicaba avanzar con el decreto pretendido.

Ante la consulta de Clarín, desde la Secretaría de Pesca señalaron que con el contrato con Red Chamber “la empresa se quedará en la Provincia y ha comprometido nuevas inversiones e incluso la instalación de una planta industrial en Trelew. Es de destacar que ahora Red Chamber se incorporó verticalmente con su casa matriz, lo cual incrementa las garantías para la Provincia”.

El gobierno chubutense también le debía dinero a la compañía, por un conjunto de inversiones realizadas en los últimos años. Creen que con el acuerdo firmado podría saldarse la acreencia. “El acuerdo está vigente y en proceso de homologación judicial ante el Superior Tribunal de Justicia. Se establece que la Provincia no deberá abonar gasto alguno por el proceso pendiente de expropiación de Alpesca, lo cual deberá ser afrontado íntegramente por Red Chamber Argentina, generándose de esta manera un ahorro considerable para el erario público“, dijo Alberetche.

En ese contexto, la provincia desiste de los reclamos por deudas de canon locativo contra Red Chamber.

A la hora de explicar el retiro de los permisos que habían ingresado a la Legislatura, se fundamentó la decisión en el reclamo de la Cámara del sector que denunció que eran permisos que podrían ser concedidos a Red Chamber. “No estaban destinados directamente, eran para crear puestos de trabajo transitorios para la temporada”, pero después se explicó que el gobernador Torres “podía tener en carpeta que alguno podía ir para Red Chamber si se comprometían a hacer la planta que dijeron en Trelew”. Pero esos permisos, se retiraron este lunes.

Frente a toda la situación, Clarín dialogó con Agustín de la Fuente, presidente de la CAPIP, quien consideró que la situación “nos ha dejado perplejos, entre los fundamentos públicos de rescisión y el nuevo acuerdo que anunciaron Red Chamber y la provincia en un cambio de posición tan vertiginoso”.

Este diario volvió a consultar entonces a Red Chamber, para conocer su opinión: “La compañía no se va a posicionar sobre las acciones del Ejecutivo. Nosotros siempre enviamos nuestros comunicados oficiales”, respondieron sus voceros.

El último comunicado oficial de la firma celebraba el acuerdo al que habían arribado con el gobierno de Torres.